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viernes, 2 de noviembre de 2018

Fiscalía pide 25 años de cárcel para ex vicejefe de Gobierno catalán

La Fiscalía General del Estado acusó a los principales dirigentes independentistas catalanes de haber implementado un proceso que incluía “la violencia necesaria” para asegurar la secesión de Cataluña, y pidió para ellos penas que van de cuatro a 25 años de cárcel e inhabilitación.

El Ministerio Público de España presentó este viernes su escrito de acusación contra los 18 líderes independentistas (los nueve presos y los que están libres en territorio español) que serán sometidos a juicio por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Recordó que los hechos investigados pretendían la independencia de Cataluña, como nuevo Estado con forma de República, “segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo, y el social”.

Los acusa de pretender “orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia”.

Con ello pretendían “obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”, indicó la Fiscalía.

“El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, agregó.

La Fiscalía enfatizó que los acusados se valieron “de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos”.

Acusó el uso de la policía catalana (Mossos d'Esquadra) con sus 17 mil efectivos, que acató sus instrucciones y que “podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

La Fiscalía pidió para el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, 25 años de prisión por delito de rebelión y 25 años de inhabilitación para ocupar cargo público, por ser uno de los líderes del proceso y desviar para ello recursos públicos.

Para los expresidentes de las asociaciones sociales Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Ómnium Cultural, Jordi Ciuxart, y la del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación sólo por el delito de rebelión.

Para los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Asimismo, para los ex consejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vilas, pidió siete años de prisión y 16 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y desobediencia.

Para la exportavoz de la CUP, Mireia Boya, y los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán, Lluis María Coromina, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Josep Joan Nuet, pidió inhabilitación de un año y ocho meses y una multa de 100 euros diarios durante 10 meses, por desobediencia.

Además, a los ex altos mandos de los Mossos d`Esquadra, Josep Lluís Trapero, Pere Soler y César Puig, se pidió 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación por delitos de rebelión, y a Teresa Laplana cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por sedición.

La Abogacía del Estado (entidad que depende del Ministerio de Justicia) no pidió penas por rebelión, sino sólo por sedición y malversación de caudales públicos, algo que la oposición política critica al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

En su escrito, la Abogacía pidió 12 años de prisión para Junqueras; 11 años para Turull, Rull, Romeva, Forn y Bassa; 10 para Forcadell; ocho años para Sánchez y Cuixart, y siete años para Mundó, Borras y Vila.

El pasado 25 de octubre, el Tribunal Supremo anunció que daba por concluidas las indagaciones en este caso y que someterá a juicio a 18 acusados del proceso independentista (los que están presos y en libertad bajo fianza en territorio español).

El juicio con las declaraciones de los acusados y testigos iniciará en enero próximo, y cuya sentencia se conocería en verano de 2019.

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