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viernes, 16 de noviembre de 2018

Salud, rezago y corrupción

El diagnóstico es lapidario: el país cuenta con indicadores de salud que son preocupantes y con un acceso disímil, al sistema que se asocia con una extraordinaria y creciente desigualdad en las condiciones.

La radiografía habla de un financiamiento público bajo, equivalente a 2.8% del Producto Interno Bruto, frente a 6% que recomiendan los organismos internacionales como la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la Organización Mundial de la Salud.

Peor aún, al raquítico presupuesto se agrega el mal uso de los recursos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, 20.6% del presupuesto podría estar mal canalizado. “La corrupción y la falta de rendición de cuentas se anota en el Proyecto de Nación 2018-2024, documento base para el Plan Nacional de Desarrollo, dificulta evaluar de forma independiente la consecución de las metas establecidas”.

Y más: el desvío de recursos afecta gravemente la calidad y eficiencia de los servicios, generando largos tiempos de espera para recibir atención especializada, así como falta de medicamentos y otros insumos que deberían ser entregados gratuita y oportunamente. En el contexto, se mueren aún 38 mujeres por cada 100 mil nacimientos por causas relacionadas con el embarazo y 12 mil recién nacidos no sobreviven a su primer año, colocándose el énfasis en municipios y regiones de alta o muy alta marginación.

En paralelo, se señala que las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen 80% de las principales causas de mortalidad, en un escenario en que el país viven 6.2 millones de diabéticos que ante la mala atención enfrentan complicaciones graves como amputaciones y deficiencia renal. En el primer caso se dan 20 mil al año; en el segundo se llega a 100 mil.

México vive la paradoja de tener el mayor índice de sobrepeso y obesidad en niños de los países de la OCDE, y por otro lado persiste la desnutrición. El 7.25% de la población de cinco a 14 años padece desnutrición crónica en las zonas urbanas, porcentaje que se multiplica en las rurales.

El texto insiste en la necesidad de modificar el esquema de cara al seguro popular, colocando como exposición de motivos que deja en un estado de desprotección a la población que no goza de seguridad social laboral y padece de enfermedades que no están en la cobertura.

Y más: el uso de drogas ilegales se ha incrementado cuatro veces en el último año en jóvenes de 12 a 17 años; el tabaquismo y consumo de alcohol se incrementa en los jóvenes, particularmente las mujeres. Existen 400 mil embarazos al año en menores de 18 años.

Y aunque se cuenta con un amplio sistema de vacunación, sólo 32% de los niños reciben la prevención en tiempo y forma, en tanto que 10% no recibió ninguna en el último año.

El documento resalta la grave desigualdad geográfica en infraestructura de salud y de recursos humanos entre las entidades más prósperas y las más pobres como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y zonas del Estado de México y Veracruz.

El país no ha alcanzado el indicador internacional mínimo de una cima por cada mil habitantes, para no hablar del déficit de enfermeras. México tiene dos por cada mil habitantes, en tanto que el promedio de la OCDE llega a ocho. ¿Promesas cumplidas?

Balance general. Ante la posibilidad de que se le adelantara la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual ventila el asunto desde otro ángulo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se apresuró a sancionar a cinco bancos por realizar operaciones para incrementar los volúmenes de intermediación, en la adquisición de bonos de deuda emitidos por el gobierno.

La multa de un millón de dólares incluye a ocho operadores de bolsa y las intermediarias CitiBanamex, BBVA Bancomer, Credit Suisse, Barclays y Deutsche Bank de capital estadounidense, español, suizo, británico y alemán.

En el prorrateo, la multa se vuelve casi simbólica. La mayoría de los sancionados señalaron que apelarán.

Sin embargo, el caso se analiza también, decíamos, en el órgano antimonopolios, por sus implicaciones sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en su modalidad de colusión. La apertura del proceso provocó el malestar del Banco de México, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien ésta dejaba mal parada con relación a la eficacia de su función supervisora.

¿Fuera autónomos? Días después de hacerse pública la intención del nuevo gobierno de nombrarlo como relevo de Manuel Ramos Francia, quien deja el encargo de subgobernador del Banco de México en noviembre, el economista Jonathan Heath publicó un artículo en el que hacia duras críticas a las políticas que perfila el poder al relevo.

Lo van a bajar del caballo, decía la rumorología. Lo cierto es que éste pintó su raya para dejar claro que llega por méritos, no por favoritismo. En el marco, se soltó la versión de que la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, le había pedido la renuncia al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, quien terminaba su encargo en mayo próximo, con la novedad de que será asesor de la funcionaria.

En la ruta se habla también de que se hizo lo propio con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, a quien se designó por un periodo que se agota hasta 2023, lo que igualmente resultó falso.

Sí, pero no. De acuerdo con la empresa Logística de Fluidos y Graneles, la importancia del Puerto de Manzanillo como el cuarto de América Latina en movimiento de contenedores, provocó que la empresa Porter FG pretenda que se le arrebate una concesión para operar una terminal especializada.

La firma sostiene que en 2018 un particular ingresó una solicitud ante la Dirección General de Puertos para la terminal, acudiendo luego ella al relevo. Tras años después la empresa Porter intentó lo propio, sólo que planteando la solicitud a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, pero no presentó la concesión de la zona federal marítima terrestre otorgada por la Comisión Nacional del Agua.

Se afirma, además, que el 6 de abril de 2018 el Consejo de Administración de la propia API aprobó el contrato. Y ya de colofón, pide que se investigue al Órgano Interno de Control de ésta. El problema, como lo comentamos ayer, es que la Conagua no tiene facultades, como lo reconoció ella misma, para concesionar espacios en la zona federal marítima terrestre. La tarea corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

No es, pues, ni el OIC ni Porter quienes descalifican el contrato. Es la ley.

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